Lunes, 27 de abril 2020
RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN DE LA SOCIEDAD
La pandemia de coronavirus CODIV -19 agrava de manera acelerada problemas, como la acuciante situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires, que fueron incrementándose a lo largo del tiempo, pero que ahora requieren de medidas de reversión urgentes. Antes de la detección de la pandemia, a fines de diciembre de 2019, las/os magistrados del fuero Penal nos reunimos en la S.C.J.B.A. para analizar la situación de las cárceles y comisarías, que habían llegado a albergar 50.000 detenidas/os para 24.000 plazas.
Desde el primer momento los representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que está participando activamente en la mesa interinstitucional y buscando soluciones a esta gran crisis, dejamos claramente establecido que las eventuales medidas legislativas de desprisionalización deben resultar muy prudentes y no pueden incluir a homicidas, violadores ni a cualquier condenada/o o procesada/o por delitos graves.
Es una obviedad decir que si alguna persona está detenida en una cárcel es porque una jueza o juez así lo dispuso, conforme las leyes vigentes y dentro de su esfera de competencia. Tenemos actualmente una tasa de prisionalización un 50% más elevada que el promedio nacional, lo que desmiente con datos la existencia de la pretendida “puerta giratoria”.
Garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos es una tarea de los magistrados delegada por la sociedad a través de las leyes. Por eso tenemos que intervenir para resolver problemas que no hemos creado: los magistrados no hacemos las leyes; las cárceles no dependen de nosotros; no definimos los presupuestos ni los recursos sanitarios, infraestructurales ni de higiene para enfrentar la pandemia en los penales; no compramos las tobilleras electrónicas, no manejamos el Patronato de Liberados ni a la policía, etc.
Los magistrados y funcionarios bonaerenses estamos trabajando incansablemente: el tiempo pondrá claridad sobre la calidad, el compromiso y el esfuerzo que, de manera silenciosa, en los tribunales y en sus hogares, realizan quienes tenemos el orgullo de representar. Con pocos medios, con muchas presiones, recibiendo agresiones injustificadas, con el apoyo de sus familias, los funcionarios y magistrados han asumido este momento crítico con generosidad y grandeza, como será reconocido más temprano que tarde.
Queremos destacar que en el marco de una pandemia de esta gravedad, las cárceles son potenciales focos de contagio a una tasa muy alta, por el hacinamiento. Este es un problema social que excede los ámbitos penitenciarios y judiciales: si se produce un foco allí, la demanda de atención también repercutirá en el mismo sistema de salud con el que cuenta el resto de la sociedad. Por eso las medidas de descompresión del sistema son, también, maneras de proteger a la sociedad.
