La Plata, 3 de setiembre 2020.
Ante el compromiso asumido, salarios más justos
El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, en reunión de fecha 2 de setiembre de 2020, en forma unánime, en consideración a la constante pérdida del poder adquisitivo de las remuneraciones de magistrados y funcionarios que si bien viene de larga data se ha visto seriamente agravada en los últimos años por decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, afectando la independencia del Poder Judicial y la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios, principios republicanos esenciales de nuestro sistema de gobierno ha resuelto expedirse al respecto.
La pérdida constante frente a la inflación a través de los años, y los aumentos escalonados han llevado a un preocupante achatamiento en la escala salarial, y a que en la actualidad la comparación de las remuneraciones a nivel nacional coloque a la provincia de Buenos Aires en el puesto n°19 sobre 25 jurisdicciones, siendo por lejos la de mayor carga laboral, litigiosidad y la de mayor complejidad. Y que las estadísticas colocan al poder judicial de la provincia de Buenos Aires, como modelo a nivel nacional respecto a la informatización y el trabajo remoto con excelentes resultados.
Es de destacar que durante la pandemia y en el convencimiento que el funcionamiento del Poder Judicial es imprescindible para asegurar la tutela judicial continua y efectiva de los habitantes, hemos sido los funcionarios y los magistrados quienes sostuvimos la prestación del servicio de justicia, exponiéndonos y aportando nuestros propios recursos (internet, equipos informáticos, teléfonos celulares, electricidad, datos, reparación de equipos, hardware, software, actualizaciones, etc.). Las jornadas laborales se extienden más allá de lo razonable, y la feria judicial de invierno ha sido suprimida.
Ante estas difíciles circunstancias, y la depreciación constante de nuestros ingresos como consecuencia de las políticas económicas adoptadas por los sucesivos representantes del Poder Ejecutivo provincial, consideramos necesario que con carácter de urgente se convoque a una mesa de dialogo en punto a buscar alternativas a la recomposición salarial del sector que representamos.
En forma unánime hemos resuelto formular las siguientes propuestas que permitan superar la situación imperante:
1) Aumento del rubro salarial Bonificación Especial (nivel 18,75) y Gastos Funcionales (nivel 19 en adelante) a partir de la categoría 18,75 a 22, pasando del actual 47,10% sobre el básico y antigüedad, al 58 del básico y antigüedad. A través de una acordada de la SCJBA, como modo de retribuir los insumos aportados por los magistrados y funcionarios en el sostenimiento del servicio de justicia.
2) Aumento del 0,4 % retroactivo a abril, 1,5 % retroactivo a mayo, 2,2 % a junio y 1,9 % a julio para recomponer lo perdido en el año en curso y retomar las negociaciones para actualizar lo perdido en los años 2018 y 2019. Con más el 1 % retroactivo a diciembre de 2016.
3) Recategorización de los niveles 18,75, 19 y 19,25 a 19, 19,25 y 19,50 respectivamente. Y de los niveles 20 y 21, pasando a 20,5 y 21,25 respectivamente.
4) Bono compensatorio de $10.000 por mes para los niveles 18,75 a 22 en carácter de trabajadores esenciales, durante el tiempo que dure el ASPO.
También hemos considerado las fuentes de financiación. Como se mencionó anteriormente, el Poder Judicial no proporcionó a sus agentes ningún tipo de herramienta informática (por analogía, art.9 de la ley de teletrabajo Ley 27.555).
Indudablemente, este aporte efectuado por los agentes judiciales ha tenido como contrapartida una significante reducción de los gastos variables (viáticos, movilidad, luz, gas, teléfonos, insumos, datos, etc.) tanto para Administración de Justicia, como para el Ministerio Público.
A esto hay que adunar que se han congelado los ingresos de agentes, los viáticos y movilidad, los gastos de telefonía celular y la puesta en funcionamiento de nuevos organismos, entre otras medidas, lo que conlleva a un ahorro muy significativo de fondos presupuestados correspondiente a estos rubros y a una eventual sub ejecución presupuestaria.
Los recursos humanos y materiales que hoy faltan en el Poder Judicial de la provincia, debieron ser reemplazados con un esfuerzo extra y el capital de los funcionarios y magistrados (únicos con convenio de teletrabajo vigente en la actualidad).
Otro aspecto a tener en cuenta son los rendimientos que se generaron por los depósitos judiciales del Banco de la provincia de Buenos Aires. En tal sentido, transcurrió un tiempo importante hasta la regulación y adaptación del Banco Provincia a las circunstancias de emergencia, plazo durante el cual, la entidad dispuso de los mismos, así como de sus resultados. Por otro lado, hay que tener en cuenta la imposibilidad a la que nos enfrentamos de poder concurrir a las entidades bancarias a retirar nuestros depósitos a la vista, lo que también generaron resultados a favor de las arcas de la banca pública.
Por todo ello exhortamos, como manera de reconocimiento a la gran labor desarrollada por magistrados y funcionarios en esta pandemia y del profundo retraso salarial, se compense remunerativamente mediante un salario más JUSTO.
CONSEJO DIRECTIVO
